Estamos enfrentando el problema más grave de salud en los últimos 100 años, la pandemia del COVID-19 que nos ha trastocado totalmente nuestra vida familiar, social y económica. Prácticamente no hay área del entorno humano que no haya sido impactada por esta nueva enfermedad.

Sabemos que la prevención es lo más importante y que el tratamiento está basado en los síntomas o malestares que presente el paciente, siempre educando, recomendando medidas higiénicas y explicando si requiere o no medicamento y en caso de que sí, cuánto, cómo y con qué debe tomárselo.

En medicina el diagnóstico, es recabar datos para analizarlos e interpretarlos, lo que permite evaluar la condición de la persona, conocer sus capacidades y contribuir a definir la causa para brindar un tratamiento y rehabilitación colaborando a que recupere su salud y no vuelva a caer en lo mismo a través de medidas de prevención.

El diagnóstico se basa en interrogatorio a profundidad y un examen físico, se identifica clínicamente la enfermedad o enfermedades posibles y se confirma auxiliado por exámenes de laboratorio, de imágenes y otros medios tecnológicos. En Nicaragua la mayoría de los diagnósticos del COVID-19 lo hacemos de forma clínica o como sospecha de COVID-19, para confirmarlo se requiere la prueba de laboratorio, actualmente centralizada por el MINSA y prohibida a la empresa privada.

Cada país centroamericano ha realizado el año pasado, entre 293 mil hasta 1.3 millones pruebas de PCR o prueba molecular, en Nicaragua no sabemos cuántas, ni tenemos de forma pública ni en tiempo real los resultados a diferencia del resto. Al no contar con el acceso a las pruebas ni a sus resultados, nuestra población pierde tremendamente porque no modifica sus prácticas higiénicas, al creer que el comportamiento de la epidemia aquí es la excepción en el mundo, su alerta y su sentido de riesgo se congela, con el consecuente incremento de riesgo del contagio, desconoces tu estado de salud, no se te confirma tu diagnóstico, poniendo sin que lo quieras en riesgo a tu familia, colegas y clientes, así como a tu propia comunidad, ignoras la realidad y aceptas las muertes como un destino inevitable, cuando la mayoría de las muertes son evitables, mantenemos un subregistro que no ayudará a prevenir ni a controlar la epidemia y esto causará más enfermos, complicados así como fallecidos y al menos la tercera parte de la gente, quedará con daños permanentes en su salud, disminuyendo la calidad y expectativa de vida. Si no hay examen no podrás aislar al enfermo y orientar cuarentena a los contactos, para cortar la cadena de transmisión.

Es una obligación del gobierno y un derecho ciudadano tener acceso a la prueba y sus resultados de forma transparente, alertar y educar a la población para poder incorporar nuevos hábitos higiénicos que nos permitan prevenir y controlar la enfermedad.